Los populares se movilizarán a partir de este sábado por todos los municipios como modo de protesta por el excesivo precio de la factura de la luz que está afectando gravemente a familias y pymes.
El Partido Popular de Lanzarote llevará a cabo a partir de este sábado, 8 de octubre, una campaña por todos los municipios de la isla con el fin de informar de las medidas que se han venido poniendo sobre la mesa por parte de los populares con el fin de hacer frente a la imparable subida del precio de luz que no para de marcar récords históricos.
Desde el Partido Popular aseguran que van a “seguir luchando contra la injusticia que supone para todos, especialmente para las familias y las pymes, unas tarifas eléctricas que son absolutamente abusivas”. Precisamente “cuando las economías familiares y las pequeñas empresas necesitan un impulso se encuentran con más y más trabas para remontar la situación de crisis vivida con la pandemia”.
Tenemos la factura más cara de la historia y la más alta de toda Europa. Cualquier comercio o pequeña empresa ha visto como de la noche a la mañana se ha duplicado o triplicado su factura, y de pagar 1.000 o 2.000 euros de luz han pasado a pagar 2.000 o 4.000 euros.
Los populares ven en la propuesta de Pedro Sánchez “pan para hoy y hambre para mañana” porque, además de que lo que no se paga ahora se deberá abonar en abril, también tendrá como efecto indirecto la inmediata subida del gasoil y la gasolina. Es lamentable que en una crisis energética como la actual, Pedro Sánchez siga metiendo la cabeza bajo el ala y continúe sin adoptar medidas en el corto plazo para frenar esta subida.
Es, precisamente, la misma estrategia que ya ha demostrado con respecto a la inmigración ilegal en las islas, mirar para otro lado, no afrontar los problemas y rechazar las propuestas de la oposición.
En este sentido, lamentar que el Gobierno de Sánchez se niegue a estudiar las iniciativas que ha presentado el Partido Popular y que permitirían reducir la factura en un 20%. Entre ellas se encuentra el traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes no energéticos; usar los 2.300 millones de ingresos por derechos de CO2 para ayudar a pagar la factura en los más vulnerables; suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica de forma permanente o bajar el IVA al 10%, entre otros.