La máxima institución insta al Gobierno de España a declarar la situación de emergencia humanitaria y aumentar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo y Frontex
27 de octubre de 2023.El Cabildo de Lanzarote ha aprobado durante el pleno celebrado este viernes, 27 de octubre, el Pacto de Lanzarote y La Graciosa por la Inmigración, a través del cual se insta al Gobierno de España a regular por decreto el reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias entre las restantes comunidades autónomas, así como las condiciones en las que se debe llevar a cabo el mismo.
Además, solicita evitar la utilización de macrocentros para acoger a los migrantes llegados a nuestras islas, así como acabar con instalaciones precarias, como los campamentos de carpas montados a modo de Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Por otra parte, se requiere que, en caso de necesitar recursos de atención, planificar espacios de menor dimensión y atendiendo a diferentes perfiles, de cara a un mejor trato en llegada, evitando la creación de improvisados campamentos temporales.
Esta moción ha sido presentada dado el repunte sin precedente que han vivido Lanzarote y La Graciosa, así como Canarias en general, en cuanto a la llegada de migrantes procedentes de las costas africanas, llevando a verse desbordados los recursos humanos y materiales disponibles para la acogida y alojamiento de los cientos de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) que han llegado en estos días.
Por ello, insta a declarar la situación de emergencia humanitaria, tal como se hizo en 2018 y a adoptar acciones tendentes a una rápida reunificación familiar de los menores; así como a un aumento de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo y Frontex.
De esta forma, se exige al Gobierno de España la creación de un mando único en materia migratoria y, aprovechando la presidencia española en la Unión Europea, exigir que las realidades regionales se tengan en cuenta en la reforma de la política de migración y asilo de la UE.
